Infraestructuras

En particular, el Área de Práctica de Infraestructuras se ocupa de las siguientes materias :

Infraestructuras

La colaboración público•privada (CPP) en la construcción y explotación de infraestructuras permite proteger los intereses públicos con inversión privada. Nuestras Administraciones deberían profundizar más en las posibilidades que ofrece la CPP.

El marco legal aplicable en España a la construcción, la explotación y el mantenimiento de infraestructuras ha sufrido profundos cambios en los últimos años a medida que ha ido adaptándose a las directivas de la Unión Europea. Los abogados del Área de Infraestructuras son especialistas a la hora de colaborar con empresas que operan en este mercado y con las administraciones públicas promotoras para a encontrar soluciones imaginativas y garantistas que equilibren los objetivos de los poderes públicos con los de los operadores. En especial, nuestra área de práctica asesora en las siguientes materias:

  • La presentación de ofertas en respuesta a licitaciones convocadas por el sector público.
  • La preparación, tramitación y establecimiento de condiciones en procedimientos de públicos de contratación, asistiendo a las administraciones y empresas públicas convocantes a lo largo de todo el proceso.
  • La determinación de los procedimientos adecuados a cada caso (abierto, restringido, negociado, diálogo competitivo, acuerdo marco, contratación directa) en función del objeto, la cuantía y las condiciones de financiación del contrato.
  • La modificación de condiciones contractuales basada en el reequilibrio de las prestaciones, la ampliación o reducción del objeto contractual, situaciones de riesgo imprevisible y otras circunstancias análogas.
  • Los sistemas de financiación pública o privada de las infraestructuras.
  • Las operaciones de financiación de los concesionarios (financiación de proyectos).
  • La obtención y renovación de las clasificaciones necesarias para contratar con el sector público.
  • La constitución de Uniones Temporales de Empresas o agrupaciones empresariales para la concurrencia a licitaciones públicas.
  • Convenios, consorcios y otros instrumentos de colaboración de las administraciones y empresas públicas.
  • Recursos especiales, cuestiones de nulidad, revisiones de oficio y recursos contencioso•administrativos  en materia de contratación del sector público.