Much more than a market

El próximo 9 de junio se celebran elecciones europeas. Como explicaba Miquel Roca en su tribuna de La Vanguardia el pasado martes, Más Europa, las voces críticas con lo que es y representa actualmente la Unión Europa crecen y suben el volumen de sus desacuerdos. 

Europa es un proyecto de éxito, y de eso no hay duda, aunque sea susceptible de críticas y mejoras. Precisamente para impulsar el crecimiento y la competitividad europea, el Consejo Europeo encargó al exministro italiano, Enrico Letta, un informe para estimular el mayor proyecto de Jacques Delors, el del mercado único europeo, que cumplió 30 años en 2023, y que actualmente presenta algunos signos de agotamiento. 

Letta presentó el pasado mes de abril su informe, al que tituló “Much more than a market” (mucho más que un mercado), en el que ofrece recomendaciones para fortalecer el Mercado Único Europeo y garantizar un futuro sostenible y prosperidad para los ciudadanos de la Unión Europea. Entre sus conclusiones clave, Letta propone reforzar la investigación europea para establecer una sólida infraestructura tecnológica, crear un “European Knowledge Commons” y eliminar barreras al intercambio de conocimientos. También aboga por la creación de una “Unión de Ahorro e Inversiones” para sacar el máximo partido del potencial del Mercado Único e impulsar inversiones públicas verdes y digitales en la industria. Entre sus propuestas también destaca el fortalecimiento sanitario y la apuesta por el transporte sostenible en la UE, así como la simplificación de regulaciones para lograr un mercado más ágil y eficiente.

Muchas de estas cuestiones pasan por una mejora de los mecanismos de contratación pública, y es que este mercado es fundamental para distribuir fondos públicos y actúa como un importante catalizador para la actividad económica. Representa el 14% del PIB de la UE y es un componente fundamental del Mercado Único. 

Los retos que se plantean para el futuro inmediato a nivel mundial son sistémicos, como subraya el propio Dr. Letta en su informe, y por ello sería una ensoñación pensar que su consecución se logrará desde un único ámbito o sector de la sociedad: ni las administraciones públicas con sus políticas sociales, ni las empresas por sí mismas, ni las asociaciones (por mucho que la sociedad civil esté hoy más bien organizada que en ningún momento pretérito), lograremos alcanzar tales objetivos si no se trabaja coordinadamente. La Colaboración Público-Privada es clave para la construcción de las nuevas infraestructuras (tangibles e intangibles) sobre las que asentar el nuevo contrato social y el nuevo modelo socio-económico.

La contratación pública es crucial para alcanzar los objetivos estratégicos de la Unión Europea, como mejorar la productividad, la resiliencia y la sostenibilidad de la economía de la UE, así como garantizar la seguridad del suministro. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la Comisión Europea, la competencia por los contratos públicos ha disminuido en la última década en el Mercado Único de la UE. Aunque las reformas de 2014 sentaron una base sólida, Letta asegura que se requieren medidas adicionales para aprovechar al máximo el potencial del mercado. Esto incluye simplificar procesos, fomentar la participación de las pymes y alinear la contratación con objetivos estratégicos.

En los últimos diez años, el tiempo para otorgar contratos ha aumentado significativamente, pasando de un promedio de 62,5 días en 2011 a 96,4 días en 2021. A pesar de esto, no se observa un aumento significativo en la participación de las pymes en la contratación pública, aunque varía entre los Estados miembros. La práctica de otorgar contratos principalmente en función de la oferta más baja sigue siendo predominante en todos los Estados miembros. Esto no favorece la calidad y dificulta el desarrollo de cadenas de suministro locales estratégicas que puedan competir con bienes y servicios baratos de países con salarios más bajos y estándares sociales más bajos.

Para fomentar un mercado dinámico e innovador, es necesario abordar las causas fundamentales de la falta de competencia. Esto implica simplificar los procesos administrativos para aliviar las cargas, afinar los criterios de selección para una contratación efectiva y fortalecer las capacidades administrativas. Compartir las mejores prácticas en toda la Unión Europea y simplificar los procedimientos de contratación transfronteriza mediante la centralización y el uso de la inteligencia artificial para superar las barreras lingüísticas mejorará significativamente la accesibilidad del mercado. Además, es esencial hacer que los contratos sean más atractivos para las pymes, lo que fomentará una participación más amplia y estimulará la innovación en el sector.

Además, Letta sitúa la contratación pública como un instrumento clave para promover el valor social, mejorar el capital social y alinearse con las ambiciones de la UE en términos de transformaciones verdes y digitales. Según el exministro italiano, priorizar estos aspectos garantiza que el gasto público contribuya positivamente a estos objetivos. Es fundamental asegurar que las regulaciones de contratación respalden en lugar de obstaculizar la prestación de servicios sociales de alta calidad y asequibles, logrando un equilibrio entre el cumplimiento y la facilitación del progreso social y ambiental.

La dependencia del criterio de adjudicación al precio más bajo como enfoque predeterminado en la contratación pública merece un examen crítico para Letta. Aunque parece ser rentable, esta práctica a menudo socava el verdadero potencial del gasto público, por ejemplo, en la entrega de productos seguros y de calidad para el beneficio público, y más generalmente en la creación de valor añadido europeo. Confiar demasiado en la oferta más barata puede llevar a sacrificios en calidad, sostenibilidad, innovación y valor social.

Es necesario cambiar de mentalidad, alejándonos del precio más bajo como único factor determinante hacia un enfoque más holístico de relación calidad-precio, donde se consideren igualmente factores como la calidad, los costos del ciclo de vida y los beneficios sociales y ambientales más amplios.

Las regulaciones de contratación pública deben garantizar que los contratos fomenten la creación de empleos de alta calidad, caracterizados por salarios justos y condiciones respaldadas por acuerdos colectivos. Para mantener los estándares sociales y ambientales, es necesaria una verificación más estricta de los operadores económicos, incluyendo acciones como rechazar ofertas inusualmente bajas, descalificar a empresas no conformes en las licitaciones y realizar inspecciones en el lugar. En este sentido, es imperativo regular las prácticas de subcontratación para prevenir la explotación y el abuso.

Joan Roca Sagarra