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Las claves de la nueva directiva europea de derechos de autor en especial en el ámbito de Internet

La nueva Directiva de Derechos de Autor: ¿ahora qué? 

04/07/2019

La Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de autor en el mercado único digital ha despertado un fuerte debate sobre si es un riesgo a la libertad de expresión

Derechos de autor y libertad de expresión

Los defensores de esta Directiva europea la presentan como una excelente herramienta para defender los derechos de autor en Internet y abrirá una nueva era en la Red

El pasado 26 de marzo el Parlamento Europeo aprobó la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de autor en el mercado único digital. No se trató de una votación más en la cámara comunitaria ya que despertó un fuerte debate. Por un lado, sus detractores advertían que su entrada en vigor ponía en peligro la libertad de expresión en Internet. Mientras que sus defensores la presentaron como una herramienta para proteger los derechos de autor. Tanto unos como otros llegaron a afirmar que se abría una nueva era en la Red. 

Las voces críticas con la Directiva han centrado sus críticas en el artículo 17 (conocido como artículo 13 en las primeras versiones de la legislación). En este punto del reglamento se hace referencia a los filtros de carga. Se tratan de una serie de mecanismos de control que plataformas como YouTube o Twitter deberán aplicar para detectar subidas ilícitas de contenido. Es decir, se pide a estas compañías que tengan un rol más proactivo a la hora de detectar un contenido que se ha publicado de manera ilícita. 

Esta petición de la ley a las compañías para que desarrollen sistemas de control de los contenidos (ya sea a través de un algoritmo o de cualquier otro mecanismo que consideran más eficaz) es donde inciden los detractores de la norma europea. Ellos consideran que estos filtros pueden limitar la libertad de expresión y dañar a los pequeños creadores.  

En cambio, los defensores de la Directiva la presentan como una manera de obligar a los gigantes de Internet (como Google o Facebook) a llegar a acuerdos con los creadores de contenidos para que estos últimos puedan monetizar sus obras. En relación con los filtros de carga, los partidarios de la legislación los ven como una herramienta para asegurarse que no se comparten contenidos protegidos por derechos de autor sin autorización del creador.  

Si se trata de poner ejemplos prácticos sobre lo que representa esta directiva, ahora un editor de prensa podrá pedir acuerdos y compensaciones económicas a webs que sean agregadores de noticias como es el caso de Google News. O en el caso de los vídeos, YouTube deberá pagar a los creadores para obtener las licencias de los contenidos o asegurarse de que no se cuelgan sus obras sin su permiso.  

El debate entre las dos posturas fue especialmente enconado antes de la aprobación. Pero una vez la Eurocámara dio luz verde, algunos aspectos más polémicos quedaron sustancialmente rebajados. Tal fue el caso de los célebres memes y GIFs que se había advertido por parte de las voces críticas con la directiva que ahora corrían el peligro de no poder compartirse. Pero una vez la Directiva tuvo luz verde, este tipo de contenidos no quedan sometidos a las exigencias comentadas. Esta circunstancia es posible porque el marco legal permite subir con libertad a la Red creaciones que tengan por objetivo parodiar, imitar, citar, reseñar, caricaturizar o criticar. Un punto que recuerda bastante al concepto de Fair Use muy presente en la legislación de Estados Unidos y otros países anglosajones.  

Otros aspectos que destacar de esta directiva, aunque no tan polémicas los tratan los artículos 18, 19 y 20. Estos puntos inciden en la protección a los autores de los contenidos. En concreto, obligan a los portales a informar, al menos una vez al año, de los ingresos que han generado las obras y facilitar que los creadores se marchen si no están satisfechos con una plataforma.  

Más allá de los aspectos polémicos, lo cierto es que la Unión Europea necesitaba una nueva legislación en el ámbito de las Redes, ya que la anterior databa de 2001. Esta ley permitirá a los países europeos adaptarse al escenario tan cambiante como es Internet. Ahora, los estados miembros tienen dos años para adaptar sus correspondientes cuerpos legales a la Directiva, aunque esto puede abrir nuevos frentes según interprete cada país la directiva comunitaria. 

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