La Constitución y la adaptación del Derecho a la nueva realidad social

La conmemoración del 40 Aniversario de la Constitución de 1978 es un buen motivo para relacionar la función del Derecho como motor del cambio social y a la vez sobre la necesidad de que el Derecho, en su caso, sea capaz de adaptarse a la nueva realidad social, en una interpretación flexible de la Norma jurídica.

Es evidente que la Constitución de 1978 permitió e hizo posible un profundo cambio social en nuestro país, impulsado por una estabilidad institucional de base democrática, que le permitió vincularse al desarrollo económico y social europeo, en una línea de progreso continuado. Así, la Constitución se convirtió en un instrumento de transformación social.

Pero, a su vez, la vitalidad y dinamismo de esta transformación operaba sobre la propia Norma constitucional imponiendo interpretaciones flexibles y abiertas que acogieran nuevos hábitos, nuevos comportamientos, nuevos usos que enmarcaban una nueva interpretación del Derecho. Así, la Constitución que se encontraba en el origen de la transformación social en toda España, abría asimismo un proceso de adaptación constante a las nuevas realidades que, sin necesidad de afrontar complejas reformas constitucionales daban al legislador una capacidad de flexible incorporación a nuevas exigencias de la sociedad. En este marco, el papel del propio Tribunal Constitucional avalando, cuando procedía, esta interpretación flexible y abierta del texto constitucional, otorgaba estabilidad al marco jurídico-político del Estado e incorporaba las experiencias y aportaciones de una realidad social cambiante.

En este ejercicio, el papel de la Abogacía ha sido fundamental como primer intérprete de la Norma y emisario privilegiado de la nueva demanda social. Una vez más, la Abogacía asumía un protagonismo decisivo en la consolidación del Estado de Derecho.