La ley que protege los delatores de la corrupción, a punto

España tiene que trasponer ya la directiva whistleblower, que evita las represalias y garantiza el anonimato a los que denuncien irregularidades. En un artículo del diario Ara, Íñigo Cisneros, nuestro socio de ESG y Compliance, afirma que la directiva aporta dos "principios fundamentales: la confidencialidad hasta el último extremo y la garantía de que no habrá represalias contra los denunciantes". 

Además, añade que la idea es que "la sociedad y la economía mejorarán si las cosas salen a la luz". Es la cultura de "no beneficiar al tramposo". 

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