El Tribunal Supremo delimita el alcance del control administrativo sobre las declaraciones responsables.

La reciente sentencia 1080/2026 del Tribunal Supremo establece que la presentación de una declaración responsable o comunicación previa permite iniciar una actividad sin necesidad de autorización o control previo por parte de la Administración. Además, aclara que las actuaciones de comprobación, inspección y control posteriores no constituyen un procedimiento administrativo autónomo, sino actuaciones previas destinadas a verificar el cumplimiento de la legalidad y determinar, en su caso, si procede iniciar un procedimiento administrativo formal.

No obstante, el Alto Tribunal recuerda que la Administración mantiene su capacidad de control a posteriori y que, si detecta inexactitudes, falsedades u omisiones esenciales, podrá incoar un procedimiento administrativo que desemboque en una resolución que impida continuar la actividad. En el caso analizado, el Tribunal Supremo declaró la caducidad y nulidad de la resolución administrativa por haberse superado el plazo máximo para resolver, aunque precisó que la Administración puede iniciar un nuevo procedimiento y seguir ejerciendo sus facultades de control mientras la actividad continúe desarrollándose.

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