¿Cómo abordamos la crisis eléctrica?

El pasado 27 de octubre de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de octubre, de medidas urgentes en materia de energía para la protección de los consumidores y la introducción de transparencia en los mercados mayorista y minorista de electricidad y gas natural en el territorio español, con la intención de implementar medidas para mitigar la gran subida de precios del gas natural que estamos viviendo recientemente, tales como el incremento del bono social de electricidad regulado en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, destinado a personas en situación de vulnerabilidad económica o la modificación del bono social térmico regulado en el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.

El bono social eléctrico se configura como un descuento en la factura eléctrica, y se encuentra. En concreto, dicho descuento corresponde con un 25% y un 40%, para consumidores vulnerables y consumidores vulnerables severos, respectivamente. Con la modificación del Real Decreto-ley 23/2021 se incrementan dichos porcentajes hasta el 31 de marzo de 2022, hasta un 70% para los consumidores vulnerables severos y hasta el 60 % en los consumidores vulnerables.

Además, se modifica el bono social térmico configurado como un programa de concesión directa de ayudas destinadas a paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables, en lo que respecta a energía destinada a usos térmicos, tales como calefacción, agua caliente sanitaria o cocina. Con el nuevo Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de octubre se incrementará la cuantía mínima de ayuda a percibir por los beneficiarios de 25 a 35 euros, con aplicación inmediata para el ejercicio 2021, así como el aumento del presupuesto asignado para el mismo, pasando de 102,5 millones de euros a 202,5 millones de euros con cargo al presupuesto de la Secretaría de Estado de Energía.

Asimismo, el Real Decreto-ley ha introducido medidas que permiten incrementar la transparencia en la información de los consumidores finales en el mercado minorista de gas natural dado el contexto de escalada de precios en el que nos encontramos.

Cataluña, por su parte, publicó en el Diario Oficial de la Generalitat el mismo día 27 de octubre de 2021 el Decreto Ley 24/2021, de 26 de octubre, de aceleración del despliegue de las energías renovables distribuidas y participadas a los efectos de solucionar la problemática originada de la aplicación del Decreto Ley 16/2019, de 26 de noviembre, de medidas urentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables tales como el elevado número de proyectos presentados en un solo año y medio de vigencia del Decreto Ley que requieren una alta demanda de potencia que se traduce en una alta demanda de suelo, mayoritariamente agrario, para la instalación de placas fotovoltaicas o parques eólicos, por ejemplo.

Es por ello que el Decreto Ley 24/2021 pretende implementar medidas que faciliten la compatibilidad entre la actividad agraria con la producción de energías renovables, así como velar por la conservación de la biodiversidad, la ordenación del territorio y el desarrollo sostenible del medio rural.

Adicionalmente, el Decreto Ley 24/2021 establece varias medidas de simplificación administrativa en materia de autoconsumo de energía eléctrica como la exclusión del régimen de autorización administrativa, de construcción y explotación de determinadas instalaciones fotovoltaicas de generación eléctrica de autoconsumo.

Ante el constante crecimiento de los precios del gas justificados por la escasez de dicho hidrocarburo, tanto el Gobierno central como las Comunidades Autónomas, cada uno en su ámbito competencial, están trabajando para mitigar el impacto que dichas subidas puedan ocasionar a corto plazo en las unidades familiares en situación de vulnerabilidad así como para acelerar la transición a las energías renovables que ya iniciaron en 2018 tras la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.