La primera de estas normas, que contiene relevantes cambios en el ámbito mercantil, también en el ámbito tributario adopta medidas fiscales relacionadas con la adquisición de vehículos eléctricos o híbridos enchufables y estaciones de carga al tiempo que prórroga la aplicación de determinados tipos reducidos de IVA. La segunda de ellas aumenta la cuantía de las dietas y asignaciones para gastos de locomoción en el IRPF para compensar (de forma insuficiente) los efectos de la inflación.

Entre las medidas fiscales incluidas en el Real Decreto-ley 5/2023 que destacan por su interés se encuentran las siguientes:

• Impuesto sobre el Valor Añadido.

Prórroga en la reducción de los tipos del Impuesto sobre el Valor añadido (IVA) en las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados alimentos (art. 171 RD-ley 5/2023).

• Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Deducción por adquisición de vehículos eléctricos o híbridos enchufables en el IRPF (art. 189 RD-ley 5/2023).

Deducción por instalación de sistemas de recarga de baterías (art. 189 RD-ley 5/2023).

• Impuesto sobre Sociedades

Amortización acelerada de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos o híbridos enchufables (art. 190 RD-ley 5/2023).

• Procedimiento tributario

Novedades en la regulación del proceso contencioso-administrativo (art. 224 RD-ley 5/2023).

Por su parte, la Orden HFP/792/2023 recoge la siguiente medida:

• Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Aumento de la cuantía exenta de las dietas y asignaciones para los gastos de locomoción en el IRPF.

Regla general. En la Ley del IRPF se establece una regla general para eximir de gravamen las cantidades que el empleador abona al trabajador o empleado por cuenta ajena para compensar los gastos de desplazamiento. Para ello, deben cumplirse los siguientes requisitos para el caso de uso de medios particulares:

El trabajador debe desplazarse con medios particulares fuera de la fábrica, taller u oficina para realizar su trabajo en un lugar diferente. No se incluyen los desplazamientos desde el domicilio al lugar de trabajo y viceversa.

Siempre debe justificarse el desplazamiento.

El importe pagado por el empleador debe estar dentro de los límites establecidos por el reglamento.

Regla especial. Para los contribuyentes que obtienen rendimientos del trabajo derivados de relaciones laborales especiales de carácter dependiente, se ha elevado también el importe deducible de 0,19 € a 0,26 € por kilómetro recorrido, más los gastos de peaje y aparcamiento que se justifiquen.

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La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (“LCSP”), establece en su artículo 71.1.b) que aquellas personas sancionadas por infracciones graves (o muy graves, debe entenderse) en materia de falseamiento de la competencia no podrán contratar con las entidades del sector público.

Hasta ahora, la CNMC se limitaba a dar traslado de sus resoluciones sancionadoras a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para que esta determinase, en su caso, el alcance y duración concretas de dicha prohibición en un procedimiento separado. El citado organismo no ha concretado, hasta la fecha, las condiciones de la citada prohibición de contratar, a la espera de la firmeza judicial de varias resoluciones sancionadoras que le han sido trasladadas por parte de la CNMC en los últimos años.

Sin embargo, la CNMC ha decidido dar un paso hacia delante con su última Comunicación y anuncia que empezará a pronunciarse expresamente, en sus propias decisiones, sobre el alcance y duración concretas de la prohibición de contratar derivada de infracciones de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia (“LDC”), por considerarse la autoridad mejor posicionada al respecto.

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Este Real Decreto-ley, que en lo que respecta a dichas modificaciones estructurales, entrará en vigor el próximo 29 de julio de 2023, plantea algunas dudas desde el punto de vista práctico. ¿Qué ocurre, sin ir más lejos, con las operaciones en curso? Esta es, sin lugar a dudas, una de las cuestiones que más controversia genera pues, en aras de una mayor transparencia, la aplicación de este nuevo régimen jurídico comporta nuevas obligaciones para las sociedades.

El objetivo de la presente nota es, precisamente, resumir de forma sucinta las referidas obligaciones y/o principales diferencias del nuevo régimen jurídico de las modificaciones estructurales:

1. Cambios en la estructura

2. Principales novedades en la regulación de las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles “en ámbito interno”

• Proyecto de modificación estructural
• Informe del órgano de administración
• Informe de experto independiente
• Publicidad preparatoria del acuerdo
• Protección de los socios
• Protección de los acreedores

3. Principales novedades en las modificaciones estructurales “transfronterizas”

• Protección de los socios
• Protección de los acreedores
• Emisión de un certificado previo a la operación

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La Cross-Border Guide to ESG & Sustainable Finance, una publicación digital que está destinada a convertirse en la principal fuente de información sobre regulaciones y tendencias ESG a nivel global, aborda una amplia gama de temas, incluyendo:

• Principales obligaciones legales de divulgación
• Normativas análogas o iniciativas reguladoras en ausencia de reglamentos formales
• Derechos y responsabilidad de los accionistas/inversores en relación con el cumplimiento de las normas ESG
• Posibles prohibiciones o restricciones ESG dentro del marco legal
• Beneficios fiscales y de otro tipo relacionados con la integración de factores ESG en las decisiones de inversión
• Medidas especiales contra el "greenwashing" y cualquier acción coercitiva relacionada
• Novedades legislativas y reglamentarias en materia de ESG

Podéis acceder a la Guía TerraLex ESG & Sustainable Finance haciendo click en este enlace.

Podéis acceder a la publicación sobre España en el siguiente enlace.

En el ámbito de la conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y los cuidadores, destacamos las siguientes novedades laborales:

• Ampliación del derecho a la adaptación de la jornada, incluido el trabajo a distancia. Modificación del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores (ET).

Se amplía el alcance del derecho a solicitar adaptaciones a las personas trabajadoras que tienen necesidades de cuidado respecto a hijos e hijas mayores de doce años, cónyuge o pareja de hecho, familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y otras personas dependientes que convivan en el mismo domicilio y que no puedan valerse por sí mismas.

Se desarrolla el derecho a regresar a la situación anterior una vez finalizado el período acordado o cuando desaparezcan las causas que motivaron la solicitud.

• Ampliación del permiso retribuido de cuidadores y por fallecimiento. Modificación del artículo 37.3 del ET.

Se amplía el número de días y el ámbito subjetivo de estos permisos retribuidos, incluyendo al cónyuge, pareja de hecho y a las personas convivientes sobre las que recae el cuidado efectivo.

• Permiso por razones de urgencia familiar. Modificación del art. 37.9 ET.
• Se amplía el ámbito subjetivo de los derechos por el cuidado de dependientes.
• Permiso parental específico para ocuparse del cuidado de hijos e hijas, o de menores acogidos por más de un año, hasta el momento en que el menor cumpla 8 años.
• Justificación de aplazamiento de permisos parentales.
• Discriminación por ejercer derechos de conciliación. Se modifica el artículo 4.2 ET para establecer que el trato desfavorable a mujeres u hombres por el ejercicio de sus derechos de conciliación o corresponsabilidad será considerado discriminación por razón de sexo.
• Principio de corresponsabilidad entre mujeres y hombres.
• Suspensión del contrato de trabajo por nacimiento y cuidado del menor en familias monoparentales. 
• Protección contra el despido. Se modifican los artículos 53.4 y 55.5 del ET y artículos 108.2 y 122.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
• Cálculo de la indemnización por despido en caso de suspensión del contrato en virtud del nuevo “permiso” parental.

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El pasado sábado 17 de junio de 2023, Sanda Ojiambo, Directora Ejecutiva y CEO del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, anunció que se ha tomado la decisión de suspender el plazo de presentación de las comunicaciones a través de la plataforma digital debido a los problemas técnicos experimentados. De esta manera, y mientras los desarrolladores trabajan para resolver los problemas que plantea, la plataforma ha dejado de estar disponible desde el 15 de junio.

Tras la reciente decisión adoptada desde el PMNU, se ha suspendido el plazo límite para completar y enviar el formulario CoP hasta que se pueda garantizar la estabilidad de la plataforma y ofrecer un nuevo plazo de presentación que sustituya el del 15 de julio de 2023. Mientras tanto, se anima a todas las empresas participantes a que sigan recopilando datos y generando respuestas utilizando para ello los formularios al efecto, en espera de la nueva fecha límite para la presentación.

Acceso a la nota informativa completa. 

El pasado 28-12-2022 se publicó en el BOE la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, por la que fue creado el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas. Este nuevo impuesto se configura como un impuesto complementario del Impuesto sobre el Patrimonio, por lo que su regulación coincide básicamente con la del Impuesto sobre el Patrimonio. Su característica fundamental es que grava con una cuota adicional los patrimonios de las personas físicas de cuantía superior a 3.000.000 de euros.

RocaJunyent, de la mano de nuestros profesionales Manuel Silva, Jordi Guarch y Susana Patricia Rodríguez, analiza en este informe si el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas podría vulnerar o no el principio de autonomía financiera de las Comunidades Autónomas.

Puedes acceder al informe completo en el siguiente enlace.

La iniciativa se ajusta al Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia 2020-2024, que incluye el compromiso de la Unión y los Estados miembros de reforzar su participación con el fin de promover activamente la aplicación de normas internacionales para una conducta empresarial responsable, como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y la Guía de la OCDE de Debida Diligencia.

1.   Objeto

La propuesta de Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad tiene como objeto fomentar un comportamiento empresarial sostenible y responsable entre las empresas. 

En particular, la propuesta de Directiva se fija como metas:

1)   Mejorar las prácticas de gobernanza empresarial.

2)   Evitar la fragmentación de los requisitos de diligencia debida en el mercado único.

3)   Aumentar la responsabilidad de las empresas por los efectos adversos.

4)   Mejorar el acceso a las vías de recurso para las personas afectadas.

5)   Complementar otras medidas vigentes o propuestas que abordan directamente algunos retos específicos en materia de sostenibilidad o que se aplican en algunos sectores específicos.

2.  Ámbito de aplicación

Los criterios para su aplicación se basan en el número de empleados y el volumen de negocios mundial neto de las empresas de la Unión Europea, así como en el volumen de negocios neto generado en territorio común en el caso de las empresas de fuera de la Unión Europea.

Frente a la propuesta de la Comisión Europea, las enmiendas que el Parlamento Europeo propone modifican el ámbito de aplicación de la directiva, rebajando los umbrales

3.   Obligaciones

Los Estados miembros velarán por que las empresas obligadas integren la diligencia debida en todas sus políticas y porque implanten una política de diligencia debida.

4.   Entrada en vigor

Tras la aprobación, el pasado 1 de junio de 2023, de las enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo a la propuesta de Directiva de la Comisión Europea, el procedimiento legislativo para su definitiva aprobación continúa ahora su curso con el dialogo informal tripartito, donde se debaten los diferentes puntos de vista en busca de un consenso y se obtienen compromisos que aseguren la eficacia del proceso legislativo y que culminará con la adopción de un texto definitivo por el Parlamento y el Consejo. 

En RocaJunyent, nuestro departamento de ESG analiza la propuesta de Directiva de Diligencia Debida en el siguiente documento que se puede descargar aquí.