Las principales reformas se basan en las siguientes:

Respecto a la modalidad presencial para la realización de actuaciones judiciales y actos procesales, se modifica el apartado 2 y se introduce un nuevo apartado 4 en el artículo 129 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Se produce una reforma notoria respecto a la modificación de la cuantía de las reclamaciones por vía del juicio ordinario con la modificación del artículo 249.2. incrementando a 15.000,00.-€ la cuantía para tramitarse el juicio ordinario, salvo las salvedades del artículo 249.1.

La modificación afecta, a su vez, al artículo 250, respecto a aquellos procedimientos en los que se ha de seguir la vía del juicio verbal e introduciendo nuevos supuestos de demanda que se han de tramitar específicamente por esta vía, cualquiera que sea su cuantía.

Atendiendo a la modificación antes descrita de ampliación de la cuantía del juicio ordinario, se amplía hasta los 15.000.-€ aquellos juicios que por razón de la cuantía se han de seguir por la vía del juicio verbal.

Se añaden 3 nuevos casos concretos que se han de seguir por la vía del juicio verbal, pasando de 13 supuestos a 16.

También se produce una importante reforma respecto al apartado 337.1. del anuncio de dictámenes cuando no se puedan aportar con la demanda o con la contestación, ya que, en la anterior regulación se han de expresar en una u otra los dictámenes de que, en su caso, pretendan valerse, que habrán de aportar, para su traslado a la parte contraria, en cuanto dispongan de ellos, y en todo caso cinco días antes de iniciarse la audiencia previa al juicio ordinario o de la vista en el verbal.

La aprobación del Real Decreto trae consigo la modificación de una gran variedad de artículos de la LEC, resumiendo en este post, los que pueden ser los de mayor trascendencia

La entrada en vigor de estas reformas procesales se producirá el próximo 20 de marzo de 2024 atendiendo a la Disposición Final 9ª.2.2ª, que establece:

No obstante, las previsiones contenidas en el título VIII del libro primero y en las disposiciones finales primera, segunda y cuarta, entrarán en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Las modificaciones realizadas en la Ley de Enjuiciamiento Civil se encuentran dentro de este título VIII del Libro Primero del Real Decreto.

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La norma establece que los consejos de administración de las empresas incluidas dentro de su ámbito de aplicación deberán tener una composición acorde con el principio de paridad, de modo que el número de mujeres no podrá ser inferior al 40% del total de miembros del consejo.

Las empresas a las que afectará la norma una vez aprobada son: (i) empresas cotizadas y (ii) entidades consideradas de interés público conforme a la Ley de Auditoría de Cuentas a partir del ejercicio siguiente al que concurran los siguientes requisitos: (a) que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 250 y (b) que el importe neto de la cifra anual de negocios supere los 50 millones de euros o el total de las partidas de activo sea superior a 43 millones de euros.

Las sociedades que no cumplan esta obligación deberán ajustar los procesos de selección de forma que se establezca un procedimiento no discriminatorio para garantizar la consecución de dicho objetivo.

En el caso de las empresas cotizadas, el incumplimiento de estas disposiciones se considera una infracción grave, que puede dar lugar a la imposición de sanciones e incluso a la suspensión de la cotización en bolsa y amonestación pública. Las multas pueden alcanzar el mayor de los siguientes importes:

(a) El triple del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones en que consista la infracción,

b) El 2 por 100 de los recursos propios de la entidad,

c) el 2 por 100 del total de los fondos, propios o ajenos, empleados en la infracción, o

d) 300.000 euros.

El Proyecto también establece el principio de igualdad de género en los puestos de alta dirección para las empresas cotizadas, con el objetivo de alcanzar el 40% del sexo menos representado. En caso de incumplimiento de la obligación, deberá explicarse los motivos y medidas adoptadas, conforme al principio “comply or explain”.

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El pasado 9 de junio publicamos en nuestro blog una alerta informativa tras la aprobación del Parlamento Europeo de las enmiendas presentadas a la propuesta de Directiva de Diligencia Debida de las empresas, la “CSDD” (también conocida como “CS3D” o “CSDDD”) en materia de sostenibilidad realizada por la Comisión Europea en febrero de 2022 que dio lugar al comienzo de negociaciones “tripartitas”.

Con el comienzo de la fase de trílogos se espera dar respuesta a las incertidumbres que subsisten y que el texto definitivo pueda contribuir eficazmente a proteger los derechos humanos, con el foco en el trabajo infantil y la explotación de los trabajadores, y el medio ambiente, la contaminación y la pérdida de biodiversidad.

En RocaJunyent, nuestro departamento de ESG analiza algunos de los puntos más relevantes de la propuesta en el siguiente documento.

En esencia, la norma establece toda una serie de directrices y requisitos para el establecimiento, implementación, evaluación y mantenimiento continuo de los sistemas de gestión de cumplimiento normativo en materia específica de Defensa de la libre Competencia. Su finalidad es, por tanto, alinear los sistemas de compliance con la legislación aplicable en España y la UE sobre esta importante materia.

Se aplica a cualquier organización, independientemente del tamaño, tipo, naturaleza de su actividad, y su carácter público o privado.

Las directrices y requisitos establecidos por la Norma podrían clasificarse en dos grandes bloques.

Por un lado, en el primer bloque, la Norma proporciona toda una serie directrices y obligaciones para la organización y sus órganos de gobierno y alta dirección, con respecto al funcionamiento y ejecución del propio sistema de compliance.

Por otro lado, en el segundo bloque se establecen las directrices relativas al propio sistema o programa de compliance.

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A continuación, se detalla de forma sucinta las principales novedades y modificaciones que incorpora cada uno de los reales decretos:

Real Decreto 813/2023

• Desarrolla el régimen aplicable a todas aquellas entidades que prestan servicios de inversión tras los cambios introducidos en la Ley 6/2023, de 17 de marzo, adaptando la normativa a la Directiva 2019/2034/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019.
• Modifica el capital inicial de las empresas de servicios de inversión.
• Detalla los requisitos para empresas de servicios de inversión no autorizadas en un Estado miembro de la Unión Europea que presten servicios de inversión en España.
• Dispone que las empresas de asesoramiento financiero nacional podrán seguir prestando servicios sin pasaporte siempre que cumplan con unos requisitos financieros específicos.
• Simplifica los requisitos de organización interna y funcionamiento, con diferenciación entre aquellas entidades que realizan negociación algorítmica y aquellas que realizan acceso electrónico directo.
• Actualiza determinadas disposiciones aplicables a los proveedores de servicios de datos.

Real Decreto 814/2023

• Deroga el Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre; el Real Decreto 361/2007, de 16 de marzo; el Real Decreto 878/2015, de 2 de octubre; el Real Decreto el 1464/2018, de 21 de diciembre; y la Orden EHA/3537/2005, de 10 de noviembre. 
• Desarrolla el marco regulatorio aplicable a los mercados de valores, las obligaciones y derechos de los agentes que participan en ellos y el régimen de supervisión y sanción de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la “CNMV”).
• Contempla la verificación de los requisitos de admisión a negociación de los valores no participativos por parte de los organismos rectores de los mercados regulados en línea con lo previsto en la Ley 6/2023, de 17 de marzo.
• Elimina la obligación aplicable a los depositarios centrales de valores de contar con un sistema de información para la supervisión de la negociación, compensación, liquidación y registro de valores negociables.
• Limita la responsabilidad de la entidad directora a las ofertas públicas de venta dirigidas a clientes minoristas.
• Desarrolla el régimen jurídico de la representación de valores negociables mediante anotaciones en cuenta.

Real Decreto 815/2023

• Regula la potestades y facultades administrativas de supervisión que legalmente le son atribuibles a la CNMV para el cumplimiento de sus fines.
• Detalla los registros públicos oficiales que la CNMV deberá establecer y mantener.

• Regula las relaciones de cooperación interadministrativas que deben guiar la actuación de la CNMV cuando ejerza competencias que puedan afectar a la autoridad de otras agencias supervisoras, ya sean nacionales, europeas o de terceros estados.
• Concreta las situaciones en las que la CNMV o el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, cooperarán, garantizando el intercambio de información con otras autoridades competentes de la UE, con la Junta Europea de Riesgo Sistémico y otros integrantes del Sistema Europeo de Supervisión Financiera.
• Introduce especialidades en cuanto al ejercicio de potestades y facultades de supervisión sobre las empresas de servicios de inversión (la CNMV someterá a revisión los sistemas, estrategias, procedimientos y mecanismos aplicados por las empresas de servicios de inversión).

Real Decreto 816/2023

• Modifica el Reglamento de desarrollo de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva con el objetivo de introducir mejoras en el régimen jurídico de la inversión colectiva española.
• Añade disposiciones para desarrollar un procedimiento que regule las manifestaciones de interés para designar, respectivamente, a una nueva gestora y/o depositario que sustituyan a la gestora y/o depositario que se encuentren en situación de concurso, revocación o suspensión.
• Añade una serie de modificaciones respecto a los riesgos y factores de sostenibilidad que deben tenerse en cuenta en relación con los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM).