Raúl Salas, socio de Derecho Fiscal, y Elena Ferrer-Sama, responsable de área de Derecho Fiscal, han colaborado en la guía The Legal 500: Tax Comparative Guide de Chambers and Partners, elaborando una visión general de la legislación y normativa fiscal relevante en España.

Puedes consultar el capítulo en el siguiente link (disponible en inglés). 

Las Directrices EBA sobre el uso de soluciones de alta de clientes a distancia establece una serie de pautas para las entidades de crédito y financieras (según el alcance de la normativa de PBC/FT comunitaria) con sede dentro de la Unión Europea, a los fines de cumplir con las obligaciones de identificación que establece las Directivas de PBC/FT del Parlamento Europeo y del Consejo.  

En el caso de España, el Banco de España y el SEPBLAC se comprometieron a cumplir con estas directrices en sus funciones de supervisión de las entidades de crédito y financieras. Esta regulación EBA debe observarse conjuntamente con la normativa de PBC/FT nacional, la cual ya legisla en gran parte muchas de estas directrices. También se debe observar las regulaciones del SEPBLAC, como la que autorizó sistemas de identificación no presencial por video identificación o video conferencia, y la que pudiera constituir el Banco de España en su labor de supervisión de las entidades.

Hasta la fecha se han comprometido a cumplir con estas directrices, además de España: Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Grecia, Croacia, Francia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, Eslovaquia Finlandia, Suiza, Liechtenstein, Noruega, no así Estonia, quien manifestó a EBA su intención contraria a cumplir con estas directrices.

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El Reglamento tiene como principales objetivos (i) establecer el conjunto de normas comunes que los emisores deben seguir para que un bono que persiga objetivos medioambientalmente sostenibles en el sentido del Reglamento (UE) 2020/852 (Reglamento sobre la taxonomía) pueda calificarse de “bono verde europeo” o “BVEu”; y (ii) establecer un sistema para registrar y supervisar a las empresas que actúen como verificadores externos de los bonos verdes, coordinado por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM).

Se espera que la designación de “bono verde europeo” (a) facilite a los inversores y a las empresas encontrar inversiones medioambientalmente sostenibles; (b) incremente los flujos de capital privado hacia inversiones más sostenibles desde el punto de vista medioambiental y (c) reduzca los posibles riesgos de reputación para los emisores al establecerse un régimen de registro y supervisión de verificadores externos.

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Los Principios se revisaron a la luz de la reciente evolución de los mercados de capitales y de las políticas y prácticas de gobierno corporativo, y para garantizar su permanencia como la principal norma internacional de gobierno corporativo.  

Uno de los principales objetivos de la revisión era promover políticas de gobierno corporativo que apoyen la sostenibilidad y la resistencia de las empresas que, a su vez, pueden contribuir a la sostenibilidad y la resistencia de la economía en general. Otro de los objetivos principales fue apoyar los esfuerzos nacionales para mejorar el acceso de las empresas a la financiación de los mercados de capitales.

De esta revisión surge un nuevo capítulo sobre “Sostenibilidad y Resiliencia” para asistir a las compañías en la gestión de los desafíos y oportunidades que supone la transición climática, y otros retos de sostenibilidad.

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El objeto del RCTIR es centralizar, de forma puramente electrónica, la información de titularidad real disponible actualmente en diversas fuentes, además de aquella que se le proporcione directamente por quienes se encuentran obligados a informar (en adelante, “los obligados"), y dar publicidad a esta con la finalidad de proteger la integridad del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica mediante la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Paralelamente, tiene como objeto garantizar la interconexión de la información sobre titularidades reales a nivel europeo.

Con el fin de centralizar la información ya existente, el RCTIR recogerá los datos registrados en fuentes españolas oficiales como los Registros de Fundaciones, Asociaciones, Cooperativas, Sociedades Agrarias de Transformación, el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España (a través de los Registros Mercantiles) o el Consejo General del Notariado entre otros registros con competencia en materia de recogida de datos de titulares reales.

Respecto a la información proporcionada de forma directa, si bien hasta la fecha ya existía la obligación para las sociedades mercantiles españolas de aportar su titularidad real a la hora de presentar sus Cuentas Anuales, esta nueva regulación trae consigo algunas obligaciones nuevas de especial trascendencia que, de no ser cumplidas, pueden acarrear sanciones.

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Los Convenios suscritos por España para evitar la Doble Imposición Internacional (en  adelante, “CDI”), se remiten primeramente a la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (en adelante, “LIRPF”), que establece -en su artículo 9- los criterios para determinar cuando un contribuyente persona física es residente fiscal en España. Estos son los siguientes:

• Criterio de permanencia más de 183 días, durante el año natural, en territorio español [artículo 9.1.a) LIRPF]
• Ubicación del núcleo principal o la base de actividades o intereses económicos en territorio español [artículo 9.1.b) LIRPF]

Días de presencia certificada o acreditada

El TEAC, en su resolución 00/04045/2020/00/00, de 28 de marzo de 2023, ha determinado que la presencia certificada no requiere la permanencia del sujeto durante un número determinado de horas, sino que cuando el contribuyente esté presente en un Estado durante parte de un día, por pequeña que esta sea, el día se considerará como día de presencia en dicho Estado a efectos del cómputo del período de 183 días.

El TEAC admite como elementos probatorios de presencia certificada en España circunstancias de diversa índole, tales como movimientos de tarjeta (en establecimientos físicos), utilización de medios de transporte, visitas médicas y sanitarias, realización de actuaciones ante notario, acceso a establecimientos deportivos, bancarios y de cualquier otro tipo, pagos con Vía-T, firmas de contratos, presencia en cursos, estacionamiento de vehículos en parkings públicos, retirada de efectivo en cajeros físicos, etcétera.

Días presuntos

Previsiblemente, las principales áreas de conflicto surgirán en la distinta valoración de los días presuntos por parte de la AEAT y el obligado tributario, respectivamente, debido al elevado grado de indeterminación que los mismos pueden llegar a presentar.

El TEAC interpreta que el conjunto de días que “razonablemente” transcurren entre dos fechas de presencia certificada en territorio español, deben –salvo prueba en contrario- computarse como días de presencia en España.

Ausencias esporádicas

En lo que respecta a las ausencias esporádicas, el TS dotó de un eminente carácter de temporalidad al concepto a través de sus resoluciones 1829/2017, 1834/2017, 1850/2017, y 1860/2017, de 28 de noviembre de 2017. Así, a cualquier contribuyente, que -de forma temporal- abandone el territorio español durante unos días, se le podrían computar dichas ausencias como tiempo de permanencia en España.

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La AEPD ha introducido modificaciones en la Guía relacionadas con la información por capas y el consentimiento, los tipos de cookies y los muros de cookies. En concreto, las siguientes:

• Información por capas y consentimiento.
• Cookies de personalización.
• Panel de configuración.
• Muros de cookies.
• Guardado de la configuración.

¿Qué sanciones podrían imponerse por su incumplimiento?

El incumplimiento de las obligaciones y criterios establecidos en la Guía suponen la vulneración del art. 22 de la LSSICE, constituyendo una infracción (art. 38 LSSICE):

• Leve (art. 39.1.c LSSICE). Sancionable con multa de hasta 30.000 euros.
• Grave (art. 39.1.b LSSICE). Sancionable con multa de 30.001 hasta 150.000 euros.

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