Las modificaciones introducidas en algunos casos tienen eficacia en el propio ejercicio 2023, sin que ello implique, a diferencia de lo que sucedió a finales del año 2022, la creación de nuevos tributos o gravámenes tributarios con efectos retroactivos.

En esta ocasión, bien se trata de desarrollo reglamentario pendiente sobre aspectos modificados por Ley con anterioridad, bien de prórrogas de regímenes especiales o de incentivos existentes como los asociados a inversiones y actuaciones generadoras de ahorro energético, o bien, en algún caso, como es el de las modificaciones en la denominada “Ley de Mecenazgo”, se incorporan modificaciones técnicas favorables que, en parte, se van a poder aplicar con efectos en el propio 2023.

En otros casos las modificaciones tendrán efectos en 2024 o en 2025.

Cabe destacar por su importancia, la creación de nuevos requisitos de los sistemas y procedimientos de facturación de los empresarios que afectará a contribuyentes no acogidos al Sistema de Intercambio Automático de Información (SII), y que se complementará con la conocida como “factura electrónica” cuya norma reguladora se encuentra en proceso de tramitación.

Asimismo, destacan por su relevancia, el desarrollo reglamentario que estaba pendiente desde la modificación a finales de 2022 del régimen de impatriados del IRPF o “régimen Beckham”, y las mejoras esperadas en la norma que regula el régimen fiscal aplicable a las entidades sin fines lucrativos y a los convenios de colaboración (coloquialmente conocida como “Ley del Mecenazgo”)

Siendo estas las modificaciones de mayor calado, hay muchas otras modificaciones en los principales impuestos.

Intentaremos explicar de forma resumida el contenido de todas ellas en esta Alerta Fiscal.

Por último, no podemos dejar de mencionar la publicación el 27 de diciembre de 2023 del Anteproyecto de Ley por el que se establece un impuesto complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, (Pilar 2).

En dicha fecha se inició el trámite de información pública y actualmente el texto se encuentra en fase de tramitación de las observaciones recibidas, por parte de la Administración Tributaria.

Esta va a constituir una modificación muy significativa en el sistema tributario español, afectando a las entidades que formen parte de grupos multinacionales y nacionales cuya facturación sea al menos de 750 millones de euros y está previsto se trasponga a nuestra normativa dentro de este año según lo previsto en la Directiva UE 2022/2523

En su momento, les trasladaremos la información más relevante de la misma.

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El equipo de ESG: Sostenibilidad Corporativa de RocaJunyent ha colaborado en la guía "Environmental, Social and Governance Law" con la redacción del capítulo sobre España "ICLG - Environmental, Social & Governance Law - Spain Chapter" en el cual cubren temas comunes en la ley ESG - incluyendo las principales fuentes de influencia en las políticas de ESG, la integración de ESG en las operaciones y planificación de negocios, finanzas y el impacto de COVI.

Puedes consultar la guía en este link (sólo disponible en inglés). 

Algunas de estas obligaciones impuestas por la Comisión Europea a los citados gatekeepers son las siguientes:

• Deberán aplicar condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias de acceso a sus tiendas de aplicaciones informáticas, motores de búsqueda, tiendas en línea y servicios de redes sociales.
• Deberán abstenerse de incluir cláusulas de paridad en perjuicio de los usuarios profesionales.
• Deberán abstenerse de impedir que los usuarios profesionales promuevan ofertas entre los usuarios finales y celebren con ellos contratos a través de cualquier otro canal de distribución o plataforma.
• Deberán abstenerse de tratar más favorablemente los servicios y productos del propio gatekeeper en comparación con productos similares de terceros (en términos de clasificación, indexación o rastreo, por ejemplo).
• Deberán permitir que las empresas accedan a los datos e información que generan sus servicios en las plataformas de los gatekeepers,
• Deberán abstenerse de utilizar datos que no sean públicamente generados o proporcionados por los usuarios profesionales en el contexto del uso de los servicios de la plataforma, etc.
• Deberán permitir y posibilitar efectivamente la instalación y uso efectivo de aplicaciones informáticas o tiendas de aplicaciones de terceros que utilicen sus sistemas operativos o interoperen con los mismos.
• Deberán abstenerse de exigir a usuarios finales que utilicen servicios accesorios como servicios de identificación, servicios técnicos, motores de navegación o servicios de pago web del gatekeeper que permitan la prestación de servicios de pago. En el caso de los usuarios profesionales, el gatekeeper no podrá exigirles que utilicen, ofrezcan o interoperen con este tipo de servicios.
• Deberán asegurar la transparencia de precios en la intermediación publicitaria respecto a los anunciantes y los editores.
• No podrán exigir a los usuarios que se suscriban o registren en cualquier servicio básico de plataforma como condición para poder utilizar cualquiera de los servicios básicos de plataforma del gatekeeper, así como acceder, inscribirse o registrarse en ellos.
• Deberán abstenerse de introducir condiciones de resolución de sus contratos de servicios desproporcionadas o de difícil ejecución.
• Tampoco podrán evitar que los usuarios desinstalen cualquier software o aplicación que haya sido preinstalado por el gatekeeper, etc.

La Comisión Europea será la encargada de supervisar el cumplimiento de tales obligaciones, con el apoyo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Agencia Española de Protección de Datos en nuestro país.

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El objetivo de esta guía es ofrecer a sus lectores una visión pragmática de la legislación y la práctica de la inversión en diversas jurisdicciones. 

Cada capítulo de esta guía ofrece información sobre las cuestiones actuales que afectan a la inversión en un país concreto y aborda temas como las autorizaciones y requisitos gubernamentales, las inversiones extranjeras directas, las operaciones de salida y los impuestos o aranceles, así como ideas y opiniones sobre las cuestiones más comunes en sus respectivos países.

En concreto, la guía española ha sido elaborada por nuestro socio del departamento M&A y Mercantil, Xavier Costa

Puedes consultar la guía en este link (sólo disponible en inglés). 

Disposiciones declaradas Inconstitucionales

La AN planteó al TC la inconstitucionalidad de la Disposición Adicional 15ª de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, LIS) y al apartado 3 de la Disposición Transitoria 16ª LIS, ambos preceptos en la redacción dada por el artículo 3. Primero, apartados Uno y Dos del RD-L 3/2016.

Fundamentación de la Inconstitucionalidad

Según el TC, no existe impedimento para que, mediante un decreto-ley, se puedan establecer, modificar o derogar tributos, siempre que concurra una situación de extraordinaria urgencia que lo justifique, y que no se esté afectando al deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos establecido en el art. 31.1 CE.

Pretensiones rechazadas

El recurrente solicitó que también se analizara otros motivos de inconstitucionalidad y no sólo el del rango de la norma. El Tribunal Constitucional, al igual que hizo cuando declaró la inconstitucionalidad del RD-L 2/2016, señala que, una vez anulada una norma por contravenir el art. 86.1 CE, ya no corresponde analizar otras lesiones.

Efectos de la declaración de Inconstitucionalidad

Como ha ocurrido en otras sentencias, se establece que no pueden revisarse, con fundamento en esta sentencia, las obligaciones tributarias del IS que a la fecha 18-1-2024: (i) hayan sido decididas con sentencia o resolución administrativa firmes, (ii) ni las liquidaciones no impugnadas a la misma fecha; (iii) ni las autoliquidaciones cuya rectificación no se haya solicitado a la misma fecha.

La sentencia tiene un voto particular que, a pesar de coincidir con la fundamentación y el fallo, discrepa de la limitación de efectos de la sentencia.

En nuestra opinión no cabe prever que dicha norma pueda tramitarse, aprobarse y tener efectos para los periodos impositivos ya concluidos, por tanto, las empresas cuya cifra de negocios del año anterior haya superado los 20 millones de euros, podrán cumplimentar la declaración del Impuesto sobre Sociedades del periodo 2023 sin tener en consideración las modificaciones introducidas por el RDL 3/2016 ahora declaradas inconstitucionales.

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La atención se centra en la divulgación de información sobre el clima, abarcando la aplicación de normas de sostenibilidad de gran envergadura, como la Directiva de la UE sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD) y las próximas normativas de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

En la primavera, y aunque ha sufrido retrasos, debería ver la luz la norma de la SEC norteamericana acerca de la información en materia de cambio climático. La norma requerirá a las compañías sujetas una importante inversión en materia de control interno. Para aquellas no sujetas directamente, su interés se desprende de la influencia global de la SEC en los organismos reguladores de todo el mundo.

En definitiva, se anticipan nuevos desarrollos normativos específicos en áreas como economía circular, residuos, envases, eficiencia energética y biodiversidad, lo que subraya la necesidad de una vigilancia constante por parte de los consejeros ante este panorama regulatorio en evolución.

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Ello es debido, principalmente, a que la estadística de los concursos tramitados en nuestro país con el nuevo TRLC se corresponden en un 90% en procedimientos de personas físicas y sin masa, cuya finalidad no es otra que la exoneración del pasivo insatisfecho.

Con esta realidad, y con el objetivo de unificar los criterios de derecho concursal en otras materias, los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona han emitido unos Acuerdos, centrados en cinco grandes áreas, para homogeneizar la interpretación de diferentes preceptos del referido texto legal.

Los mencionados criterios afectan a las siguientes cuestiones:

• Concursos sin masa.
• Exoneración del pasivo insatisfecho.
• Venta de unidades productivas.
• Pre pack concursal.
• Procedimiento especial de microempresas.

Con los mencionados criterios, los Juzgados de lo Mercantil unifican la interpretación de la Ley Concursal con el fin de dotar de seguridad jurídica al procedimiento, dejando clara cuál es la posición de éstos.

Si bien dichos criterios únicamente operan respecto los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, es de esperar que éstos se hagan extensibles a otras demarcaciones, como así ha ocurrido en anteriores ocasiones.

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