La nueva Directiva tiene como objetivo principal combatir el greenwashing, que ocurre cuando las empresas hacen afirmaciones falsas o exageradas sobre el impacto ambiental de sus productos para atraer a los consumidores que tienen una preocupación por el estado del medioambiente.
Esta práctica engañosa puede llevar a decisiones de compra erróneas y perjudicar la confianza del consumidor en las empresas que sí que están comprometidas con la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente.
En el año 2020, la Comisión Europea presentó datos preocupantes sobre prácticas de greenwashing: el 53,3% de las declaraciones ambientales revisadas en la Unión Europea fueron calificadas como engañosas o infundadas, y aproximadamente el 40% carecía de verificación que las respaldara.
Para tratar de acabar con esta práctica, esta nueva normativa dispone la prohibición de usar en el etiquetado términos medioambientales como “respetuoso con el medio ambiente”, “biodegradable” o “eco”, así como el uso de etiquetas de sostenibilidad, entre otros, sin ningún tipo de control ni referencia comparable.
Otro de los puntos que regulará esta legislación es la de velar porque los productores, consumidores pongan el foco en la durabilidad de los bienes. Para ello se creará una nueva etiqueta armonizada que dé mas visibilidad a los productos que disponen de un periodo de garantía ampliado y se dará más visibilidad a la garantía.
Además, esta normativa prohibirá las alegaciones infundadas sobre la presentación de os productos como reparables, la durabilidad de los productos y la incitación a sustituir los consumibles antes de lo estrictamente necesario.
Para asegurar que las empresas cumplan con sus obligaciones, se implementan mecanismos de control, como la verificación por parte de terceros de metas y compromisos ambientales y la obligación de puesta a disposición de los consumidores de los resultados de las verificaciones realizadas, garantizando así la transparencia.
Además, se prevé que las autoridades competentes realicen auditorías para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva y los estados miembros podrán imponer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias. Así, aquellas empresas que incumplan la nueva normativa podrían quedar temporalmente excluidas de licitaciones de contratación pública y afrontar multas de hasta el 4% de su volumen de negocio anual.
Esta Directiva marca un hito importante en la regulación de la publicidad ambiental en Europa, impactando tanto a las empresas como a los consumidores y es parte de los esfuerzos más amplios de la UE para avanzar hacia una economía más sostenible y proteger a los consumidores de prácticas comerciales desleales. Busca fomentar la confianza del consumidor en las reclamaciones ambientales y promover un mercado más transparente y responsable en términos de sostenibilidad.
Además, las administraciones públicas tienen el compromiso de fomentar la adopción de prácticas sostenibles y transparentes en el mercado, así como facilitar el acceso de las empresas a los distintivos de sostenibilidad.
Los Estados Miembros deberán transponer la Directiva a su legislación nacional no más tarde del 27 de marzo de 2026, y deberán aplicar dicha transposición a partir del 27 de septiembre de 2026. En España, el Ministerio de Consumo ya ha comenzado a tramitar una Ley de Consumo Sostenible.
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